La normativa da mucha relevancia a que la personas que comunican una posible infracción no pueda ser castigada, perjudicada o tratada de forma desfavorable por haber utilizado el canal.
Una empresa que cuenta con un canal de denuncias debe garantizar que la protección del denunciante para que pueda comunicar los hechos de forma segura, confidencial y protegida.
Qué son las represalias en el Canal de Denuncias
Cuando hablamos de represalias en el canal de denuncias, nos referimos a cualquier actuación, amenaza, intento o consecuencia negativa que una persona pueda sufrir por haber comunicado una posible irregularidad.
La represalia no siempre es evidente. A veces puede adoptar formas muy claras, como un despido o una sanción disciplinaria. Pero en otros casos puede ser más sutil, como cambios injustificados de funciones, pérdida de responsabilidades, trato desfavorable, o presión psicológica.
Por eso, es importante que la empresa preste atención a conductas indirectas que puedan perjudicar a la persona informante.
Algunos ejemplos habituales de represalias pueden ser:
- Despido o finalización injustificada de la relación laboral.
- Sanciones disciplinarias.
- Cambios injustificados de puesto, horario, centro de trabajo o funciones.
- Reducción de salario o pérdida de complementos.
- Denegación de ascensos o promociones.
- Exclusión de reuniones, proyectos o responsabilidades.
- Amenazas, presiones o intimidaciones.
Como vemos, la represalia puede ser directa o indirecta. También puede producirse de forma inmediata o tiempo después de la comunicación. Por eso, la empresa debe analizar con prudencia cualquier cambio que afecte a una persona informante tras haber utilizado el canal.
Son aquellas que se aplican claramente sobre la persona informante. Por ejemplo, un despido, una sanción o una modificación de condiciones inmediatamente posterior a la comunicación.
Se trata de aquellas que, a pesar de que no se presenten formalmente como castigo, terminan perjudicando a la persona informante.
Por ejemplo, dejar de asignarle proyectos importantes, excluirla de comunicaciones internas o generar un ambiente hostil a su alrededor.
Cómo debe proteger la empresa al denunciante
La empresa debe diseñar medidas preventivas, organizativas y de seguimiento que reduzcan el riesgo de represalias y generen confianza en el sistema.
Un canal de denuncias que no protege a la persona informante difícilmente será utilizado. Por eso, la protección debe estar integrada desde el inicio.
- Garantizar la confidencialidad.
- Permitir comunicaciones anónimas.
- Prohibir expresamente las represalias.
- Establecer un procedimiento de seguimiento.
- Actuar con independencia y objetividad.
- Informar correctamente sobre el funcionamiento del canal.
Qué riesgos tiene la empresa si no protege al denunciante
No proteger adecuadamente a la persona informante puede generar consecuencias importantes para la empresa. Estas consecuencias pueden ser legales, económicas, reputacionales y organizativas.
El canal de denuncias no debe verse como un simple requisito documental. Si la empresa lo implanta, pero después permite represalias, filtra información o no gestiona correctamente las comunicaciones, el riesgo aumenta.
Riesgo de Sanciones
El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el canal de denuncias y la protección de la persona informante puede dar lugar a sanciones.
La normativa contempla infracciones por impedir o dificultar la presentación de comunicaciones, adoptar represalias, vulnerar la confidencialidad o incumplir las garantías del sistema.
Riesgo Laboral
Las represalias pueden generar conflictos laborales. Por ejemplo, si una persona informante sufre un despido, una sanción, una modificación de condiciones o un trato desfavorable después de comunicar una irregularidad, la empresa puede enfrentarse a reclamaciones.
Riesgo Reputacional
En muchos casos, el daño reputacional no se produce solo por la irregularidad comunicada, sino por la respuesta de la organización. Una correcta gestión demuestra compromiso con la ética, la transparencia y el cumplimiento normativo.
