La ausencia del Canal de Denuncias en tu empresa no solo supone incumplir con la normativa establecida, sino que además deja a la empresa expuesta a importantes riesgos legales, económicos y de reputación.
Contar con un Canal de Denuncias es una herramienta fundamental para detectar irregularidades internas como incumplimientos normativos, acoso o fraude. Identificar estos problemas genera menos impacto, siendo más fácil resolverlos que si aflorasen con posterioridad.
Infracciones por no tener Canal de Denuncias
Existen distintos niveles de sanciones por no tener Canal de Denuncias dependiendo de la gravedad del incumplimiento. Por ello, disponer de un Sistema Interno de Información, gestionarlo de forma adecuada, o su buen funcionamiento, son aspectos que evitan el incumplimiento de la Ley 2/2023. Veamos cuáles son los niveles de infracciones:
Referidas a aquellas conductas más serias que amenazan de forma directa el cumplimiento de la ley y la protección de los denunciantes.
Incluyen, entre otras situaciones:
- No implantar el canal de denuncias estando obligado.
- Impedir o bloquear su funcionamiento.
- Revelar la identidad del informante o información protegida.
- Tomar represalias directas o indirectas contra la persona denunciante.
Infracciones que, sin llegar a comprometer seriamente la finalidad del sistema de denuncias o la protección de los informantes, afectan de forma significativa sus garantías.
Encajan situaciones como una mala gestión continuada del canal, falta de medidas suficientes para asegurar la confidencialidad o retrasos importantes en la tramitación.
Son conductas que no afectan al funcionamiento del canal de denuncias ni a las garantías del denunciante. Pueden ser errores formales, retrasos no relevantes o defectos administrativos que no ponen en peligro la confidencialidad ni la gestión de las comunicaciones.
Sanciones y Consecuencias Económicas
Las sanciones económicas derivadas de la Ley 2/2023, aunque dependan de la gravedad de la infracción, pueden alcanzar importes significativos.
Según el tipo de infractor, se diferencian:
Personas físicas
Infracciones leves: multas de 1.001€ a 10.000€. Infracciones graves: entre 10.001€ y 30.000€. Infracciones muy graves: entre 30.001€ y 300.000€.
Personas jurídicas
Infracciones leves: multas hasta 100.000€. Infracciones graves: entre 100.001€ y 600.000€. Infracciones muy graves: entre 600.001€ y 1.000.000€.
Situaciones frecuentes que dan lugar a sanciones
Existen casos que suelen derivar en sanciones por incumplimiento de la ley o por mala gestión del Canal de Denuncias. Algunos de los más comunes son:
- Empresas que ignoran la obligación pensando que “no les aplica”.
- Implantación de un canal sin estructura real de gestión ni seguimiento.
- Falta de protocolos claros para analizar, investigar y resolver las denuncias.
- No garantizar confidencialidad.
- Ausencia de formación a empleados y desconocimiento del canal.
- Canales improvisados (email genérico, buzones informales) sin garantías legales.
